Estimada Sra. Garbocci:
Agradezco profundamente su interés en el tema que ha motivado su carta y, aunque entiendo que en su caso se trata de una cuestión personal, no deja de enorgullecerme el compromiso que ha adoptado frente al mismo y la forma que ha elegido para debatirlo, como madre, como mujer, como ciudadana y como miembro de nuestro partido.
Quisiera expresarle que entiendo, y comparto, en líneas generales, su preocupación por cuestiones tales como la igualdad ante la ley y la noción de ciudadanía a las que usted hace referencia. Sin embargo, debo disentir en lo referente a la concepción que sostiene del Derecho o de lo que denomina marco político. Lo que usted llama objeciones religiosas, científicas, estadísticas o morales sí son pertinentes, y por la misma razón que usted explicita: el matrimonio civil, al igual que el marco político, es una construcción social, cultural y económica. No existe Derecho o institución religiosa, social, familiar, económica o política como modelo o sistema abstracto en el plano de lo imaginario, desligado de los seres humanos a los que se encuentra atado y por los que es creado a partir de sus concepciones religiosas, científicas, estadísticas y morales. A menos que se pretenda que el sistema y sus instituciones son previos a la existencia del ser humano.
De tal forma, es lógico que cuando se pretendan modificaciones en las normas y reglas que sostienen la sociedad en la que vivimos, surja la resistencia de sectores que, con sus creencias (y no me refiero sólo a las religiosas), han dado vida al sistema mismo. En otras circunstancias y con respecto a otro tema, usted podría estar del otro lado, defendiendo una ley o norma ya existente que considera justa porque su propia creencia (moral, religiosa, científica) así lo determina. Esa ley que probablemente, en otro momento histórico, haya sido creada por personas que sostenían creencias parecidas a la suya y a partir de las cuales elaboraron un código de comportamiento, es decir, el Derecho. Dicho esto, queda claro que toda discusión política es una discusión acerca de las creencias que cada uno tiene acerca de cómo debiera ser la sociedad en la que vivimos.
¿Esto significa que la sociedad, por medio del voto parlamentario, reglamentará cómo debe vivir una persona según su orientación sexual? Por supuesto que no. Creo que no es necesario demostrar mi compromiso para con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y como miembros del mismo partido, usted ya debe conocer mi trayectoria y mis acciones en este sentido. Pero quiero despejar ciertas tergiversaciones que se han hecho estos últimos días, quizás producto de la repercusión mediática que ha tenido este debate o por la agenda política que no siempre va de la mano de las necesidades de la sociedad.
Igualdad ante la ley no significa que todos seamos iguales. Entiendo la utilización que usted hace de la palabra y le pido que no me malinterprete. La diversidad, no solo en lo sexual sino también en lo religioso o cultural, es un hecho. Y es un hecho que toda minoría debe tener (según mis propias creencias) igualdad ante la ley con respecto al resto de la sociedad. También creo, como usted bien dijo, que el Derecho era una construcción social dinámica, esto es: que puede y debe ir evolucionando a la par de la sociedad. Por eso es que la propuesta de la Unión Civil da respuesta a esta cuestión: que todos tengan iguales derechos ante la ley. Es una ley hecha a medida para las necesidades de un grupo específico de ciudadanos. Si esto no es promover la igualdad entre los ciudadanos de hecho, independientemente de las orientaciones que tengan (y del tipo que sean), le ruego me señale cómo se debe hacer. Lejos de la parafernalia y la propaganda que ha rodeado el debate en los últimos días, la cuestión se presenta mucho más simple y despojada de los malentendidos que han circulado profusamente por los medios de comunicación. Cabría preguntarse, si existe algún otro móvil o agenda política detrás de los radicales de diferente signo que han cobrado notoriedad mediática a partir de esta situación.
Por último, no encuentro la razón del ataque al matrimonio como institución. A veces pareciera que lo que se busca no es adquirir igualdad de derechos sino reformar los derechos ya existentes según las creencias de los que intervienen en la disputa. Por supuesto que las parejas homosexuales son una realidad, así como también aquellas que crían hijos. Y me encontrará en la primera fila luchando para que esas injusticias a las que hace referencia en su carta tengan leyes que las contemplen y las combatan, sobre todo, habiendo niños de por medio. Pero no basta como argumento el hecho de que algo exista para que tanga que ser aceptado y declarado legal. Sé que no leerá esto como un llamado a ilegalizar la homosexualidad, nada más alejado de mis convicciones. Lo que creo es que el camino de ir legislando sobre lo existente no es correcto.
Para finalizar, quiero decirle que mi decisión de rechazar el proyecto tal cual fue presentado, obedece a estas últimas razones que le he expuesto. Lamentablemente, los medios y la agenda política suelen pintar todo de blanco y negro, imposibilitando, muchas veces, la discusión sana y desprovista de prejuicios y tergiversaciones. De todas formas, agradezco nuevamente su carta, y tengamos por seguro que de una forma u otra, esta legislación constituirá un avance para la sociedad argentina.
Atte.
Susana Hernández
DNI: 19.980.340
